Más de 80 organizaciones civiles fueron recibidas por la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Senado para externar sus preocupaciones respecto a la reforma electoral impulsada por el presidente y su partido.
Luego de haber dialogado con consejeros y personal técnico del INE, los legisladores recibieron a 84 organizaciones civiles, quienes alertaron sobre los riesgos que representa para la democracia la aprobación de la reforma electoral (también conocido como Plan B).
Ricardo Becerra, presidente del Instituto de Estudios para la Transición Democrática, explicó a los senadores que el costo de la reforma electoral para la vida del país “es demasiado grande”.
Detalló que entre los problema que representa se encuentra la violación a la Constitución, así como la vulneración a la autenticidad del voto, ya que quita capacidades a quienes realizan el padrón electoral, capacitan a los ciudadanos y los que ponen las casillas y cuentan los votos. Esto a su vez permitiría la injerencia del Gobierno para suplir esos vacíos de personal.
Desmantelar la estructura del Instituto Nacional Electoral, que se despida al 85 por ciento de los trabajadores especializados en organización electoral, permitir que el Gobierno en turno se entrometa la confección del padrón electoral, acabar con los eficientes y probados módulos de credencialización
Ricardo Becerra
Otros puntos destacados que se destacaron contra la reforma electoral es la reducción de los instrumentos de fiscalización y que se permita la intromisión de los gobiernos en las campañas electorales, lo que sería inconstitucional.
