El estudio “¿Cómo se castiga la corrupción en México?” elaborado por el Instituto Belisario Domínguez del Senado de la República identificó que entre las causas por las que no se castiga la corrupción es debido a la reducción del presupuesto a instituciones para realizar las auditorías.
De acuerdo con la investigación, el número de auditorías internas realizadas por el gobierno al gasto federal ha caído 50% desde 2020.
En este sexenio, la Secretaría de la Función Pública (SFP) ha ejercido presupuestos entre 1,400 y 1,600 millones de pesos. Descontando la inflación acumulada durante el periodo 2013-2022, “en términos reales”, el presupuesto destinado para la SFP en 2023 es 40% menor al que ejerció la dependencia en el 2013.
“En apego a las medidas de austeridad”, desde 2020, se anunció la cancelación de la plaza de la persona titular de la Subsecretaría de Responsabilidades y Combate a la Impunidad.
“A las limitaciones y recortes presupuestales se han sumado problemas de subejercicio. Durante sus tres primeros años de funcionamiento, el presupuesto de la Fiscalía Especializada en materia de Combate a la Corrupción de la FGR (FECC) ha tenido diferencias importantes entre lo que se aprueba en la Cámara de Diputados y lo que la fiscalía efectivamente ejerce en la práctica
Además de los recortes presupuestales, el estudio del investigador César Alejandro Giles Navarro, señala la falta de voluntad política para asignar nombramientos de las instituciones responsables de combatir conductas irregulares de los servidores públicos, como en el Instituto Nacional de Transparencia (INai), la SFP, y el Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA).
Finalmente, la investigación concluye que lo que se requiere es asignar una cantidad razonable de recursos a las instituciones del Estado, así como revisar, fiscalizar y mejorar la actuación de las autoridades que se encargan de hacer cumplir las normas.
