Las dirigencias del PAN, PRD, y PRI, interpusieron, por separado, ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) un paquete de acciones de inconstitucionalidad en contra de las reformas a la propaganda gubernamental aprobada por a mayoría morenista en diciembre.
Dichas modificaciones son también conocidas como Plan B de reforma electoral, impulsada por el presidente, eliminan la veda electoral, es decir, permitiría servidores públicos hacer posicionamientos políticos en todo tiempo.
Esto afectaría la parcialidad de la contienda ya que podrían usar su visibilidad para apoyar a algún candidato(a) en específico.
