Expertos y el sindicato chocan en el foro 22 del Parlamento Abierto de la Reforma Eléctrica, titulado, “Electricidad como derecho humano de rango constitucional”.
Claudia Aguilar, abogada constitucionalista, señaló que el derecho a la electricidad está incluido en el artículo 4° de la Constitución, en donde se establece el acceso a una vivienda digna.
Agregó que pese a la ampliación de la cobertura, hasta 2019 quedaba un 1.3% de la población que no tenía acceso a este servicio, ya sea por aislamiento geográfico y la dificultad de acceder a la comunidades marginadas.
Sin embargo, hizo énfasis en que la iniciativa presentada por el Ejecutivo propone un criterio de despacho que no es económico y eficiente, lo que aumentará el costo de generación y podría repercutir en lo que paga el usuario final.
En este sentido, Berenice Salazar, profesora de derecho de energéticos en la UNAM, apuntó que la iniciativa no refleja una visión de derechos humanos, ya que hace un falso dilema entre la participación privada y el acceso al servicio.
Por su parte, Santiago Arroyo, especialista en el sector energético, mencionó que tanto la reforma de 2013 como el proyecto actual olvidan completamente a los usuarios y consumidores de energía.
La primera se preocupó por el mercado y proteger la influencia de CFE y de los empresarios; en este sentido, esta iniciativa está enfocada en crear una CFE con un director y un sindicato con tanto o más poder que el propio presidente
Santiago Arroyo
Arroyo, recordó hay 12 mil 300 comunidades que carecen de cualquier tipo de electricidad, equiparable a la población del municipio de Guadalajara.
