Este miércoles, el Instituto Nacional Electoral (INE) presentó un informe sobre las posibles implicaciones de la reforma electoral, también conocida como el Plan B, la cual fue aprobada por la mayoría morenista en diciembre.
El documento destaca que dichas modificaciones no asegurarían las condiciones para llevar a cabo elecciones libres y auténticas, como mandata la Constitución.
La ausencia de una deliberación informada sobre su contenido, la carencia de un diagnóstico objetivo sobre las fortalezas y necesidades del modelo electoral vigente, con frecuencia los cambios en marcha implican consecuencias indeseables para la celebración de elecciones que sean, como manda la Constitución, libres y auténticas.
El análisis se compone de alrededor de 200 páginas y se se divide en 4 ejes: Reformas relativas a la estructura y capacidad operativa del INE; Reformas relativas a procedimientos electorales; Reformas a la equidad y las condiciones de la contienda; y Disposiciones transitorias.
Entre los riesgos más importantes que da el INE sobre la reforma electoral, destacan:
- Derechos laborales de los y las trabajadores del INE: Se contempla un recorte del 84.6% del personal, quienes se quedarían desempleados y con pocas oportunidades laborales por su nivel de especialización.
- Falta de confianza y credibilidad en el trabajo del Instituto: A su vez, el recorte de personal y presupuesto impactaría en el desempeño del instituto debido a la sobre carga de trabajo, lo que pondría en riesgo la credibilidad de las elecciones.
- El arbitro electoral se queda sin autonomía: El desmantelamiento del INE le impide tener los recursos necesarios para tomar decisiones de forma independiente. Sumado a la injerencia del Gobierno en diversos procesos, por ejemplo:
- El registro en el padrón de las y los ciudadanos mexicanos residentes en el extranjero deberá ser validada por la Secretaría de Relaciones Exteriores.
- El desarrollo del voto electrónico impuesto a través de Conacyt.
- Se le resta autoridad a la Unidad Técnica de Fiscalización (UTF) al no poder suspender la entrega de presupuesto como sanción.
- Sin piso parejo en la contienda: Debido a la relajación de las sanciones, los partidos y candidatos tenderían a tomar el riesgo político de infringir la ley a costa de ganar las elecciones.
- Retroceso en la representación: Las personas de grupos históricamente discriminados o subrepresentados (comunidades indígenas, afromexicanas, con discapacidad, de la diversidad sexual, residentes en el extranjero y jóvenes) podrían perder representación del Congreso a falta de reglas claras que permitan su inclusión.
- Eliminación de la “veda electoral”: Esto afectaría en la contienda ya que funcionarios públicos podrían “promocionar” a su candidato(a) en cualquier momento, lo que pondría en desventaha a aquellos candidatos que no tienen a alguien que los “apadrine”.
El INE pedirá a la Suprema Corte suspender la entrada en vigor del “plan B
En sesión, el Consejo General del INE acordó iniciar el proceso para impugnar la reforma electoral ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
